Los afectados de Barreiros aprovechan el 11N para denunciar la postura de la Alcaldía del BNG sobre sus viviendas
Los propietarios afectados por la sentencia firme que ordena el derribo de seis viviendas en la zona de Lóngara, en Barreiros, volvieron a hacer pública su situación con una concentración delante de la Casa del Ayuntamiento. La protesta coincidió con la jornada de huelga general del 11 de noviembre y tuvo como principal objetivo denunciar lo que consideran una contradicción entre la defensa del acceso a la vivienda que realiza el BNG y la postura que, según sostienen, mantiene el gobierno municipal ante su caso.
Los participantes aprovecharon la movilización para reclamar una solución que les permita conservar los inmuebles afectados por la resolución judicial, cuya ejecución está tramitando el Ayuntamiento de Barreiros. Los vecinos pretendían trasladar directamente sus reivindicaciones a la alcaldesa, Ana Ermida, pero no pudieron hablar con ella. Según manifestaron, la regidora se había desplazado a Burela para participar en otra de las manifestaciones convocadas durante la jornada.
César Abelleira, que ejerce como portavoz de los afectados, cuestionó la posición política de los nacionalistas ante esta situación. "Lo que queremos poner de manifiesto es la hipocresía, porque el BNG se manifiesta por la vivienda, menos por las nuestras", afirmó durante la protesta.
Los propietarios también hicieron referencia a unas declaraciones recientes de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en las que expresaba el respaldo de la formación a las personas que reivindican el derecho a una vivienda digna. En concreto, reprodujeron su afirmación: "El BNG apoya a toda la gente que está luchando por una vivienda digna".
Abelleira contrapuso estas palabras a la situación que atraviesan las familias afectadas en Lóngara. "Pues más digna que la que compraste y pagaste con el esfuerzo de toda la vida. Construiste legalmente con unas licencias que estaban concedidas, y que ahora mismo el propio Ayuntamiento dice que se lava las manos", manifestó el portavoz, que defiende que los inmuebles se levantaron al amparo de las correspondientes autorizaciones municipales.
El representante de los propietarios insistió en que su intención es evidenciar las diferencias que, a su juicio, existen entre los mensajes políticos de la formación y su actuación desde el Ayuntamiento de Barreiros. "Poner de manifiesto las incongruencias a nivel político autonómico y nacional para ganar unas elecciones. Dicen cosas que son maravillosas y, claro, ¡quién no las va a apoyar! Pero después, a nivel local, se demuestra lo que están haciendo con nosotros", declaró.
La movilización se produce en un momento en el que las familias continúan buscando alternativas para evitar la ejecución de la sentencia. Recientemente, los propietarios anunciaron que habían encargado un informe urbanístico especializado que, según explicaron, identifica cinco posibles vías para intentar legalizar las viviendas. La mayoría de estas opciones precisarían actuaciones del Ayuntamiento, mientras que otra podría depender de la Xunta de Galicia.
El conflicto tiene su origen en las licencias concedidas hace más de dos décadas para la construcción de los inmuebles. Las autorizaciones de segregación fueron posteriormente anuladas por la Justicia, lo que afectó también a los permisos posteriores. Las familias sostienen que adquirieron los terrenos y construyeron sus casas confiando en la documentación facilitada por la Administración municipal.
Los afectados ya habían reclamado anteriormente que se agilizase la tramitación del Plan General de Ordenación Municipal, al considerar que podría abrir una posibilidad para defender la legalización de los inmuebles ante los tribunales. Aunque reconocen la existencia de una resolución judicial firme, insisten en que deben estudiarse todas las alternativas legales antes de proceder a la demolición.
Con la concentración del 11N, los propietarios volvieron a trasladar a la calle una reivindicación que mantienen desde hace meses y que ahora vinculan directamente con el debate sobre el derecho a la vivienda. Su principal demanda continúa siendo que las administraciones implicadas exploren las posibilidades urbanísticas y jurídicas que permitan evitar la pérdida de las seis casas.