Las familias de Barreiros cuestionan al BNG por su papel en la intervención urbanística
La polémica por los seis chalés de Lóngara suma un nuevo capítulo después de que las familias afectadas recuperasen un documento de 2005 con el que ponen el foco en el papel desempeñado por el BNG de Barreiros en los antecedentes del conflicto urbanístico. El escrito acredita que la formación, entonces en la oposición, reclamó a la Xunta una "intervención urgente" sobre la gestión urbanística municipal.
El documento, registrado el 15 de diciembre de 2005 ante la Dirección General de Urbanismo, advertía de un "serio riesgo de marbellización" del litoral, criticaba la proliferación de construcciones y cuestionaba la política seguida por el Gobierno municipal. El BNG solicitaba expresamente a la Xunta actuar para "erradicar estas prácticas y evitar la destrucción irreversible del litoral del municipio".
Las familias consideran que este escrito contradice los intentos de desvincular completamente a la formación nacionalista de los antecedentes de la intervención autonómica. Los afectados reprochan que, dos décadas después, las responsabilidades se trasladen entre administraciones y partidos mientras son los propietarios, ajenos al enfrentamiento político, los que soportan las consecuencias de la anulación de unas licencias que les habían sido concedidas.
Además, recuerdan que el propio Gobierno local explicó en una comparecencia del pasado mes de julio que el origen concreto del conflicto de los seis chalés no había sido una denuncia, sino un requerimiento del director general de Urbanismo para que el Concello revisase de oficio aquellas licencias. Para las familias, sin embargo, resulta relevante que previamente el BNG ya reclamase formalmente la intervención de la Xunta sobre el urbanismo de Barreiros.
El BNG niega una denuncia contra los chalés
Ante estas críticas, el BNG respondió asegurando que "nunca denunció los chalés de Lóngara" y acusa de ofrecer una interpretación incorrecta del documento. Los nacionalistas sostienen que aquel escrito se refería a la situación urbanística general del municipio y no a las seis viviendas ni a las familias propietarias.
La formación admite, por tanto, que pidió a la Xunta que investigase la gestión urbanística, pero establece una clara diferencia entre esa petición y una denuncia concreta contra los inmuebles. Argumenta que en aquella época existían suficientes dudas sobre la política urbanística desarrollada por el Gobierno municipal del PP para solicitar la fiscalización autonómica.
El BNG señala además que fue la propia Xunta la que posteriormente revisó los expedientes y que, en el caso de Lóngara, el director general de Urbanismo requirió en 2006 al Concello la revisión de oficio de las licencias. Según los nacionalistas, al no resolverse ese requerimiento, la Administración autonómica presentó en 2007 el recurso contencioso-administrativo que acabaría derivando en la anulación de las autorizaciones.
"El BNG no concedió esas licencias. El BNG no tramitó esas segregaciones. El BNG no denunció esos seis inmuebles", recalca la formación.
Mientras continúa este cruce de acusaciones, las familias de los seis chalés reclaman que se agilice el PXOM para intentar evitar el derribo. Los afectados consideran que avanzar en el nuevo planeamiento podría abrir una vía para buscar la legalización de las viviendas e insisten en que se agoten todas las posibilidades antes de ejecutar las demoliciones.
Sin embargo, el documento recuperado por las familias deja constancia de que, antes del inicio del procedimiento que afectaría a los chalés, el BNG ya reclamaba formalmente a la Xunta una intervención urgente en el urbanismo de Barreiros, una circunstancia con la que los afectados piden que también se complete el relato sobre el origen de un conflicto que, veinte años después, continúa sin cerrarse.