Los socialistas exigen a la Xunta que rectifique y deje de marginar a Lugo en el plan autonómico de residencias
El PSdeG exigió hoy a la Xunta que rectifique su plan de residencias y deje de marginar a la provincia de Lugo, con un reparto que prima a los ayuntamientos gobernados por el PP y profundiza en la privatización de los cuidados. La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez; el diputado provincial Pablo Rivera; y la concejala de Lugo Ana Abelleira denunciaron, en una rueda de prensa en la sede del partido, que el Gobierno de Rueda sigue sin asumir su responsabilidad de garantizar una red pública de residencias que responda al envejecimiento de la provincia y permita a las personas mayores recibir los cuidados que necesitan cerca de su entorno, sin depender de su capacidad económica ni del color político de su ayuntamiento.
Lara Méndez cuestionó que la Xunta reserve solo cuatro de los 25 centros anunciados para Lugo, una de las provincias más envejecidas de Galicia junto con Ourense, y reclamó explicaciones sobre los criterios empleados. «¿Qué criterios utilizó la Xunta para que, de esas 25 residencias que va a implementar en todo el territorio gallego, 23 sean para ayuntamientos del Partido Popular?», preguntó.
«Las residencias tienen que responder a las necesidades de las personas, de los ayuntamientos y del territorio, y no al color político de quien gobierne», defendió, al tiempo que rechazó que el Gobierno de Rueda condicione la atención a los mayores a intereses partidistas: «No se puede castigar a las personas mayores por decidir libremente en las urnas a quién quieren que las gobierne».
Méndez advirtió, además, de que el 40% de las plazas del nuevo plan serán privadas y vinculó esta decisión con la apuesta del PP por los conciertos con la iniciativa privada, mientras acumula años sin construir residencias de titularidad y gestión íntegramente públicas. Frente a esa política, reivindicó la autonomía personal y el envejecimiento activo, así como una respuesta pública cuando se necesita atención residencial, con centros próximos y bien dimensionados que sean un hogar y permitan vivir con dignidad.
Por su parte, Pablo Rivera denunció que el nuevo anuncio de Rueda consolida la privatización de los cuidados y advirtió de la necesidad de atender a su «letra pequeña». Según los datos del Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales que expuso, 30 de las 54 residencias de la provincia son privadas. El diputado censuró que la Xunta lleve más de 17 años sin construir una residencia de titularidad y gestión íntegramente públicas y recordó que el pleno de la Diputación de Lugo aprobó ayer una iniciativa del PSdeG para exigir a la Administración autonómica que apueste por este modelo.
Frente a esta política del PP, Rivera reivindicó la red provincial de residencias iniciada en 2010 bajo la presidencia de José Ramón Gómez Besteiro. Explicó que la Diputación asumió esta tarea sin tener la competencia ni la obligación legal, ante la «inoperancia, pasividad y falta de respuesta de la Xunta», así como ante las necesidades demográficas de la provincia.
El diputado provincial explicó que la institución cuenta con nueve centros en funcionamiento y otros ocho pendientes de abrir, con una localización basada en criterios de dispersión geográfica, despoblación y envejecimiento, con presencia en ayuntamientos muy pequeños, muchos de ellos con menos de 1.000 habitantes. Destacó también que la dirección y los principales servicios se prestan con personal público, con más de 55 profesionales en ámbitos como la dirección, la fisioterapia o la terapia ocupacional.
Rivera situó, además, el arraigo y la capacidad económica como elementos fundamentales del modelo de residencias de la Diputación: facilitar que las personas mayores permanezcan en su entorno, con prioridad de acceso para las nacidas en el propio ayuntamiento, y garantizar que cada una pague según sus recursos mediante una ordenanza pública, progresiva y social.
«Frente a un modelo privatizador de la Xunta hay un modelo público donde cada persona paga según tiene, que funciona», afirmó. En este sentido, relacionó los ataques a la red provincial con su funcionamiento y con la alternativa que representa a la política autonómica. «Cuidar de los mayores no es un negocio, es un derecho. Especialmente en una provincia tan envejecida como la de Lugo», subrayó.
En el ámbito municipal, Ana Abelleira denunció que la exclusión de la capital del plan autonómico prolonga décadas de falta de respuesta a las necesidades de las personas mayores. Recordó que desde la construcción de As Gándaras, en 1978, no se ha construido otra residencia pública en la ciudad, pese al crecimiento de la población y a la existencia de más de 20.000 personas mayores de 65 años. «Lugo ciudad cuenta únicamente con 272 plazas públicas de residencia para una población de más de 100.000 habitantes», alertó.
En este sentido, Abelleira censuró que el PP votase en contra de exigir a la Xunta la creación de plazas públicas en el último pleno y cuestionó la actuación de Elena Candia, alcaldesa y presidenta provincial del PP, que dispone de interlocución directa con el Gobierno autonómico. Criticó también que presentase el anuncio de una residencia privada en Recatelo como si se tratase de un recurso municipal.
La socialista dio la bienvenida a las inversiones que generen empleo, pero advirtió de que una plaza privada solo está al alcance de quien puede pagarla y de que una residencia privada o concertada no sustituye a una política residencial pública.
Por ello, reclamó a la Xunta que presupueste, proyecte y construya con urgencia una nueva residencia pública en Lugo. Exigió también al Gobierno de Candia que formalice el rechazo a la marginación de la capital y reclame el centro a la Administración autonómica, trasladando el acuerdo a la Presidencia de la Xunta, a la Consellería de Política Social y a los grupos del Parlamento de Galicia.
RESPUESTA DE LA XUNTA
La Xunta de Galicia cuestionó las críticas del PSOE a la selección de los ayuntamientos incluidos en el nuevo proyecto de residencias promovido por el Gobierno gallego y contrapuso estas acusaciones al plan de residencias impulsado durante la etapa de José Ramón Gómez Besteiro como presidente de la Diputación de Lugo.
Según sostiene la Xunta, aquel plan benefició "única y exclusivamente" a los ayuntamientos gobernados por el PSOE y por el BNG, los dos partidos que gobiernan en la Diputación, por lo que, según el Gobierno gallego, el 100% de los municipios seleccionados estaban bajo gobiernos de estas formaciones.
La Xunta también cuestiona el funcionamiento del modelo residencial de la Diputación de Lugo y asegura que se encuentra "en quiebra". En este sentido, critica que los mayores tengan que asumir incrementos en el precio de las plazas y pone como ejemplo la residencia de Pedrafita do Cebreiro, donde, según señala, se produjo una subida de más de 400 euros al mes "de un día para otro y sin previo aviso".
El Gobierno gallego también hace referencia a la residencia de Becerreá, que, según indica, la Diputación fue incapaz de abrir debido al coste mal calculado de su funcionamiento y para la que ahora, asegura, se propone la privatización.
Frente a las críticas socialistas sobre la falta de nuevas plazas residenciales en la provincia, la Xunta reivindica diferentes actuaciones desarrolladas en los últimos años. Entre ellas, cita las 120 nuevas plazas en Lugo de la residencia impulsada por la Fundación Amancio Ortega y otras 60 plazas públicas en Antas de Ulla.
El Gobierno gallego recuerda también las 80 plazas correspondientes a las nuevas residencias construidas en Abadín y Riotorto, que fueron financiadas por la Xunta a través del Plan de Inversiones.
A estas actuaciones, añade otras 260 plazas que, según la Xunta, se crearán en la provincia mediante el nuevo proyecto de residencias actualmente en marcha. Estas nuevas plazas estarán situadas en los ayuntamientos de O Corgo, O Páramo, O Saviñao y Folgoso do Courel.
La Xunta defiende así que estas actuaciones contradicen la afirmación del PSOE de que el Gobierno gallego lleva tiempo sin incrementar la oferta de plazas residenciales en la provincia de Lugo y reclama al Partido Socialista que tenga en cuenta las nuevas infraestructuras y plazas previstas o ya puestas en marcha.