Las familias de los seis chalés de Barreiros reclaman agilizar el PXOM para intentar evitar el derribo
Las familias afectadas por la orden de demolición de seis chalés en Barreiros hicieron pública su versión sobre un conflicto urbanístico que se prolonga desde hace más de dos décadas. Los propietarios consideran que todavía existe una vía vinculada a la aprobación del planeamiento municipal que podría permitir intentar legalizar los inmuebles y critican los retrasos acumulados en la tramitación del PXOM.
Los afectados sitúan el inicio de su historia en 2002, cuando, durante un gobierno municipal del PP, dos propietarias solicitaron licencia para construir seis chalés en dos parcelas. Según explican, aquellas autorizaciones formaron parte de las cerca de 1.000 licencias solicitadas ante el cambio de la normativa urbanística previsto para 2003.
Posteriormente, seis familias fueron adquiriendo las parcelas y construyendo sus casas conforme a las condiciones establecidas en las licencias concedidas por el Concello. Los propietarios subrayan que adaptaron los inmuebles a lo autorizado y que obtuvieron posteriormente los permisos y documentación correspondientes, entre ellos los de primera ocupación y la inscripción en el Registro de la Propiedad. Defienden, por tanto, que actuaron confiando en la validez de los actos administrativos municipales.
El conflicto acabó llegando a los tribunales. En 2007 se inició el Procedimiento Ordinario 248/2007, dando paso a un largo recorrido judicial. Entre los episodios que destacan figura una resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) del 30 de abril de 2014, que, según los afectados, rechazó fundamentar la suspensión de la ejecución en una mera hipótesis sobre un futuro planeamiento.
En 2018 se produjo otro momento relevante. El TSXG desestimó el recurso presentado por el Concello contra el auto que ordenaba reactivar la ejecución e impuso 300 euros en costas. Para las familias, esta decisión volvió a evidenciar la necesidad de buscar una solución urbanística efectiva.
Con el cambio de gobierno municipal en 2019, los afectados mantuvieron una reunión con la nueva alcaldesa, Ana Ermida. Según relatan, le trasladaron desde el primer momento la gravedad de la situación y la necesidad de actuar. Aseguran que en aquel encuentro se les indicó que la intención no era derribar las viviendas, sino avanzar en la aprobación del PXOM, una actuación que formaba parte del programa político del nuevo ejecutivo.
Sin embargo, las familias sostienen que los plazos se fueron demorando. En abril de 2022, un auto del Juzgado de Lugo volvió a hacer referencia, según la documentación citada por los afectados, a la ausencia de un planeamiento adaptado y al largo periodo transcurrido sin una actuación material que permitiese resolver la situación.
Los propietarios señalan especialmente una resolución del TSXG del 14 de marzo de 2024. Según su interpretación, en ella se recoge una alegación de la letrada de la Xunta según la cual la aprobación de un nuevo planeamiento y la posterior concesión de licencias de legalización podrían abrir un escenario de imposibilidad legal de ejecutar el derribo. Las familias consideran este punto fundamental para defender que todavía existe una alternativa que debería explorarse antes de la demolición.
La atención está ahora puesta en la adaptación del PXOM. Según los afectados, en mayo de 2026 el arquitecto redactor entregó la documentación y posteriormente se encargó a la Universidade de Santiago de Compostela la adecuación de la nomenclatura. Aseguran que, una vez devuelto ese trabajo, quedarían pendientes los informes municipales correspondientes para continuar con la tramitación.
Las familias reclaman que este proceso se agilice y cuestionan que se presente el derribo como una consecuencia inevitable sin agotar antes todas las posibilidades relacionadas con el planeamiento. Critican especialmente que se argumente que las resoluciones judiciales dejan al Concello sin capacidad de actuación cuando, a su entender, existen antecedentes que permiten explorar una eventual legalización.
Tras más de veinte años de incertidumbre, los propietarios han endurecido ahora sus críticas al Gobierno local y reclaman explicaciones sobre los pasos dados para avanzar en el PXOM. Consideran que el tiempo resulta determinante ante la ejecución de la sentencia y quieren que se analice hasta el final cualquier alternativa legal que permita conservar unas viviendas que construyeron, según remarcan, amparándose en las licencias que en su día les concedió la administración municipal.