Las familias de los chalés de Barreiros exigirán una orden judicial para permitir el acceso
Las familias afectadas por la orden de derribo de seis chalés de Lóngara, en Barreiros, comunicarán al Concello que será necesaria una autorización judicial para acceder a sus propiedades en caso de que siga adelante la ejecución. Los propietarios responden así a la notificación remitida por la Administración local, en la que se les preguntaba si consentían la entrada en los inmuebles o si, por el contrario, el Concello debía solicitar permiso al juzgado.
Los afectados optarán por esta segunda vía, siguiendo el procedimiento previsto para estos casos. Al mismo tiempo, reclamarán que se les conceda un plazo más amplio antes de cualquier intervención. Su intención es disponer de tiempo suficiente para retirar pertenencias, mobiliario y todos aquellos elementos de las casas que puedan recuperar si finalmente se agotan las posibilidades de impedir la demolición.
Este nuevo paso se produce mientras las seis familias continúan buscando alternativas para evitar la desaparición de las viviendas, inmersas desde hace años en un complejo procedimiento urbanístico y judicial. Los propietarios defienden que en su día adquirieron las parcelas y construyeron los inmuebles contando con las correspondientes licencias municipales y cumpliendo los trámites administrativos que les fueron exigidos.
La situación llevará también su reivindicación a la calle. Las familias han convocado para el próximo 28 de agosto una concentración delante de la Casa del Concello de Barreiros, que comenzará a las 18.00 horas. La movilización pretende aumentar el respaldo social a su causa y reclamar que se estudien todas las vías que todavía puedan existir para evitar la ejecución de los derribos.
Bajo los lemas 'Defendamos sus hogares' y 'Stop derribos', los convocantes hacen un llamamiento a los vecinos y al conjunto de la ciudadanía para que se sumen a la protesta. 'Las seis de Lóngara. Seis hogares. Seis familias' es otro de los mensajes escogidos para trasladar la dimensión humana de un conflicto que afecta a casas que, en algunos casos, llevan cerca de dos décadas habitadas.
La concentración tendrá lugar delante de la sede de la Administración municipal, a la que le corresponde afrontar la ejecución del derribo derivada del procedimiento judicial. Las familias, que califican la situación que atraviesan de «barbarie», insisten en que continuarán reclamando que se exploren las alternativas al alcance de las administraciones antes de que la demolición de las seis viviendas se convierta en un hecho irreversible.