Los chalés de Barreiros culpan al Gobierno del BNG del proceso de derribo
Las familias afectadas por el posible derribo de los seis chalés de Lóngara, en Barreiros, endurecen sus críticas contra el Gobierno municipal del BNG. Los propietarios consideran que el Concello está actuando a "dos velocidades": mientras los trámites para ejecutar la demolición avanzan con rapidez, aseguran que el desarrollo del PXOM, que podría ofrecerles argumentos para intentar una legalización, acumula retrasos.
César Abelleira, uno de los afectados, recuerda que las familias adquirieron las parcelas después de que el Concello concediese en 2002 las correspondientes licencias de segregación y construcción. Cada propietario levantó posteriormente su vivienda y completó los trámites administrativos exigidos. "Cualquier persona que compre una casa o un piso en España no tenía más garantías de las que teníamos nosotros", sostiene.
El conflicto judicial llegó posteriormente y acabó afectando a las seis viviendas. Las familias remarcan que el procedimiento se dirigió contra la actuación administrativa y resumen su situación con una frase: "El condenado es el Concello; los perjudicados somos nosotros".
El planeamiento urbanístico se convirtió con el paso de los años en una de las principales esperanzas de los propietarios. Según explican, una aprobación inicial del PXOM podría proporcionar un nuevo elemento administrativo con el que acudir a los tribunales e intentar evitar la ejecución de las demoliciones. No obstante, reconocen que esa aprobación no garantizaría por sí misma que las casas pudiesen conservarse.
Las críticas de las familias alcanzan tanto a anteriores gobiernos municipales del PP como al actual ejecutivo, aunque en este momento responsabilizan especialmente al BNG por ser quien ostenta la Alcaldía desde 2019. Según Abelleira, durante estos años mantuvieron reuniones con el Concello y confiaron en las explicaciones que recibían sobre los avances del planeamiento, motivo por el que evitaron hasta ahora hacer pública su protesta.
La situación cambió cuando salió a licitación el derribo. Los propietarios aseguran que, mientras determinados pasos relacionados con el PXOM se prolongaron durante meses o años, los trámites para la demolición están avanzando con considerable rapidez.
"No me niego a tirarlo, pero ralentizo ese proceso todo lo que puedo y el otro proceso, el de la legalización, lo agilizo", explica Abelleira sobre la estrategia que, a su juicio, debería seguir una administración ante una situación de estas. Las familias consideran que en Barreiros estaría sucediendo precisamente lo contrario.
Los afectados sostienen, además, que el planeamiento está actualmente en una fase avanzada. Según su versión, el arquitecto redactor ya entregó la documentación y quedan pendientes informes municipales antes de poder continuar con la tramitación. Por ello reclaman que el Concello emplee todos los mecanismos a su alcance para acelerar el PXOM antes de que el derribo sea irreversible.
También cuestionan el mensaje de apoyo trasladado públicamente por el Gobierno municipal. "Dicen que están al lado de las familias y no saben ni quiénes somos", critica Abelleira, quien asegura que solicitaron reunirse con los representantes municipales para explicar directamente la situación que atraviesan.
Los propietarios rechazan igualmente que su movilización responda a intereses partidistas. Insisten en que hubo responsabilidades y retrasos bajo gobiernos de diferente signo, pero consideran que ahora corresponde al ejecutivo encabezado por Ana Ermida buscar todas las alternativas posibles. "El mismo daño nos hicieron unos que otros, pero ahora quien está aquí jugando es la alcaldesa", afirma el afectado.
Las familias no cuestionan la obligación del Concello de responder a las resoluciones judiciales, pero sí preguntan si durante estos años se empleó la misma intensidad en intentar construir una alternativa. Su reivindicación se centra ahora en conseguir que, antes de ejecutar una decisión irreversible, se agoten todas las posibilidades urbanísticas y legales para salvar seis viviendas que fueron construidas por sus propietarios confiando en las licencias concedidas por la propia administración municipal.