El PP de Foz fuerza la retirada de un reconocimiento de crédito de 466.000 euros en el último pleno

El último pleno municipal de Foz dejó un nuevo choque político alrededor de la situación económica del Ayuntamiento. El Partido Popular, con el apoyo del BNG, consiguió que el gobierno local retirase el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 466.000 euros correspondiente a facturas pendientes del pasado ejercicio que el ejecutivo pretendía incorporar al presupuesto prorrogado.
El portavoz popular, Javier Castiñeira, explicó que la propuesta llegó a la sesión plenaria acompañada de reparos de la intervención municipal e informes técnicos desfavorables, circunstancia que, a su juicio, impedía sacar adelante el expediente en las condiciones presentadas por el equipo de gobierno.
Desde el PP consideran que esas facturas deberían incluirse en un nuevo documento presupuestario y no cargarse sobre las cuentas prorrogadas. Castiñeira sostiene que el actual escenario económico obliga al ejecutivo local a presentar unos nuevos presupuestos que permitan reflejar “la realidad del gasto municipal” y evitar que la situación se repita en el futuro.
Los populares recordaron también que el Ayuntamiento cuenta con un plan económico-financiero que ya contempla la necesidad de aprobar nuevas cuentas municipales para garantizar una planificación más estable. Según indicó el portavoz del PP, la oposición entiende que incorporar ahora esos pagos al presupuesto prorrogado podría provocar dificultades en los próximos meses, especialmente de cara a las facturas que se generen durante el segundo semestre del año.
Durante su intervención, Castiñeira respondió también a las críticas realizadas por el alcalde y aseguró que su grupo está a favor de que los proveedores municipales cobren “lo antes posible”, aunque insistió en que eso debe hacerse “con seguridad y dentro de un marco económico ordenado”.
El Partido Popular defiende que la solución pasa por la elaboración inmediata de un nuevo presupuesto municipal para 2026, con el objetivo de regularizar la situación económica y evitar nuevos problemas de financiación o falta de consignación en las partidas.