El BNG lleva al Parlamento la residencia de Cervo y reclama que la Xunta asuma su gestión pública
El BNG llevará al Parlamento de Galicia la situación de la residencia de mayores y centro de día de Cervo para reclamar que el Gobierno autonómico asuma tanto la titularidad como la gestión pública de las instalaciones. La diputada Olalla Rodil y el diputado Daniel Castro anunciaron las iniciativas junto a los representantes del grupo municipal nacionalista David Villares y Zulema Murado.
Los nacionalistas recuperaron así una polémica que, según recordaron, comenzó a principios de este año en torno a la nueva concesión del Centro de Día-Residencia (CDR) y al posible incremento de las cantidades que debían asumir las personas usuarias.
El portavoz municipal, David Villares, aseguró que el BNG ya había preguntado en el pleno por el impacto que tendría el nuevo contrato en las tarifas. Según la formación, la respuesta de la alcaldesa fue que en ese momento no se conocía la cuantía, pese a que los nacionalistas sostienen que ya se sabía que el encarecimiento alcanzaría el 40 %.
El BNG cuestionó también la información ofrecida durante los años de tramitación de la concesión y aseguró que ni la oposición municipal ni las personas usuarias y sus familias conocieron suficientemente los detalles del proceso.
Villares volvió a poner el foco en el modelo económico elegido. A su juicio, ni el estudio que sirvió de base al procedimiento, ni la licitación ni la ordenanza aprobada posteriormente respondieron a una concepción del centro como un servicio público centrado en las necesidades de las personas mayores.
"No se trata de una empresa privada que pone unos precios que cubran los costes de explotación y dejen unos márgenes de beneficio. Se trata de un servicio público", defendió. Por este motivo, considera que las tarifas abonadas por las personas usuarias no deberían tener que cubrir el coste del servicio y la rentabilidad de la concesionaria, sino que deberían articularse otras fórmulas para financiar la parte restante.
"Nuestra posición es clara: una residencia municipal no debe funcionar con la lógica de un negocio que tiene que garantizar beneficios. Debe funcionar con la lógica de un servicio público que tiene que garantizar derechos", resumió Villares.
Los nacionalistas criticaron además la actuación posterior del Ayuntamiento. Según indicaron, se aprobaron modificaciones y suplementos de crédito para que la Administración local sufragase parte del incremento de las tarifas, pero aseguraron que desde entonces no tuvieron más información sobre la aplicación de estas medidas.
GESTIÓN PÚBLICA
La diputada y responsable de Política Social del grupo parlamentario del BNG, Olalla Rodil, anunció que la formación trasladará ahora el debate a la Cámara gallega para demandar que la Xunta asuma la titularidad y la gestión directa del Centro Residencial y Centro de Día de Cervo.
Rodil contrapuso el modelo defendido por los nacionalistas con la política social del PP y acusó a los populares de considerar normal que se pueda "hacer negocio con la vejez drenando recursos públicos al sector privado", en lugar de apostar por una red pública que, según defendió, garantice la calidad de vida de las personas mayores.
La parlamentaria abordó también el anuncio de 24 nuevas residencias de mayores y criticó que ninguna de ellas esté prevista en A Mariña. Para Rodil, la distribución de nuevos equipamientos sociales debería realizarse atendiendo a las necesidades existentes en cada territorio.
"El BNG siempre ha defendido que el criterio para distribuir nuevos equipamientos de carácter social pasa por fortalecer la red pública en aquellos lugares donde existe una mayor demanda, una mayor lista de espera a día de hoy para optar a una plaza en una residencia de mayores", señaló.
Rodil insistió en que el acceso a una vejez digna "es un derecho fundamental que no puede acabar siendo objeto del negocio y del lucro de un puñado de empresas". En este sentido, reclamó que el Gobierno autonómico asuma también la titularidad y la gestión pública de las 24 residencias anunciadas, utilizando para ello instrumentos como la Axencia Galega de Servizos Sociais.
La diputada pidió igualmente explicaciones sobre los criterios empleados para seleccionar los municipios en los que se prevén estos nuevos centros y, especialmente, sobre la ausencia de la comarca mariñana. "Tendrá que explicar también por qué no contempla ninguna residencia en A Mariña", afirmó.
El BNG enmarcó estas demandas en su denuncia sobre lo que considera un déficit de plazas públicas residenciales en Galicia. Rodil acusó además al PP de utilizar los anuncios en esta materia con fines electorales y advirtió de que existen personas dependientes que llevan años esperando una plaza pública.
"El PP no puede usar los derechos de la población mayor para hacer campaña electoral", concluyó la parlamentaria, que calificó de "despropósito" jugar con las necesidades de personas que permanecen a la espera de una plaza en una residencia pública.