Autorizado el soterramiento de líneas eléctricas y la renovación de centros de transformación en Foz
La Consellería de Economía e Industria ha autorizado administrativamente el proyecto promovido por Begasa para la modernización de una parte de la red eléctrica en el municipio de Foz, una actuación que incluye el soterramiento de varias líneas de alta tensión y la renovación de distintos centros de transformación.
El proyecto, con una inversión prevista de más de 965.000 euros, contempla intervenciones en las líneas de 20 kV Cangas y Burela_1, así como la sustitución y cambio de ubicación de varios centros de transformación situados en diferentes puntos del municipio.
Entre las actuaciones previstas figura la ejecución de nuevos tramos de línea soterrada, la instalación de centros de transformación prefabricados y el desmontaje de antiguas infraestructuras aéreas, incluyendo apoyos, conductores e instalaciones ya existentes. El principal objetivo de esta iniciativa es reforzar la calidad del servicio eléctrico e incrementar la seguridad de la red.
La resolución, firmada el pasado 17 de abril por el Departamento Territorial de Lugo de la Consellería de Economía e Industria, concede tanto la autorización administrativa previa como la autorización de construcción de las instalaciones.
El proyecto incluye la creación de nuevos centros de transformación en Cangas, Vilachá, G. Canel y Areoura, equipados con sistemas telemandados y adaptados a las necesidades actuales de la red eléctrica. Además, se prevé el soterramiento de varios kilómetros de líneas de alta tensión, una actuación que también contribuirá a la mejora paisajística del entorno.
Dentro de los trabajos autorizados se recoge igualmente la retirada de antiguas estructuras aéreas y el desmantelamiento de varios centros de transformación ya obsoletos.
Según establece la resolución autonómica, las obras deberán ejecutarse conforme al proyecto técnico presentado y bajo la supervisión de un técnico competente. Además, Begasa tendrá que garantizar el mantenimiento y la seguridad de las instalaciones tanto durante la ejecución como una vez entren en funcionamiento.
El plazo máximo previsto para la puesta en servicio de las nuevas infraestructuras será de dos años desde la obtención de la última autorización necesaria para la ejecución de las obras.