ADEGA vuelve a poner el foco en el urbanismo de Barreiros y reclama que no se premie la ilegalidad
ADEGA reafirma su compromiso con la defensa del territorio en Barreiros y reclama que cualquier solución a los problemas urbanísticos acumulados en el municipio pase por el cumplimiento de la legalidad y por una planificación responsable. La organización ecologista considera que las decisiones que se adopten ahora no deben servir para consolidar actuaciones irregulares ni generar un agravio frente a las personas y ayuntamientos que sí cumplieron la normativa.
La asociación recuerda que la problemática urbanística de Barreiros viene de lejos y estuvo especialmente vinculada al fuerte desarrollo inmobiliario experimentado por el municipio durante años. En aquella etapa, ADEGA alertó de los efectos de un modelo basado en una elevada expansión de la construcción en el litoral, con actuaciones que, según denunció, no siempre contaban con las condiciones urbanísticas y de servicios necesarias.
La situación llegó también a los tribunales. ADEGA participó como acusación particular en el procedimiento judicial relacionado con las irregularidades detectadas en la concesión de licencias urbanísticas, en un caso en el que estaban implicados el alcalde, la arquitecta municipal y otros integrantes del equipo de gobierno. La organización entendía que las actuaciones desarrolladas a partir de 2006 podían suponer graves incumplimientos de la normativa urbanística y ambiental y reclamó que se depurasen responsabilidades y se restaurase la legalidad.
El debate sobre aquel modelo urbanístico ya ocupaba un lugar destacado hace más de una década, cuando se advertía de las consecuencias económicas y territoriales que podía dejar el crecimiento urbanístico de Barreiros.
Posteriormente, ADEGA también recurrió el Plan Sectorial de Barreiros, promovido como una vía para intentar dar cobertura a la situación urbanística generada durante aquellos años. En 2010, la organización y colectivos vecinales impulsaron además la plataforma 'Barreiros: máis talento e menos cemento', con la intención de defender otro modelo de ordenación del territorio.
Ahora, el asunto recupera protagonismo a raíz de las resoluciones judiciales que afectan a varios chalés cuya demolición fue ordenada por los tribunales. Ante este escenario, ADEGA defiende que la respuesta no debe limitarse a buscar una legalización posterior de las construcciones, sino que debe partir del análisis de la legalidad de las actuaciones y de la restauración del territorio cuando corresponda.
La organización considera que una regularización a posteriori podría transmitir un mensaje negativo: que incumplir las normas urbanísticas puede acabar resultando beneficioso. Al mismo tiempo, advierte de que ese tipo de soluciones pueden provocar un agravio respecto de quienes asumieron las limitaciones y obligaciones derivadas de cumplir con el planeamiento.
Para ADEGA, Barreiros debe afrontar el futuro con un modelo urbanístico vinculado a las necesidades reales de la población y a la capacidad del territorio. La organización pone especial énfasis en la protección del litoral, en un contexto marcado por la presión urbanística, la degradación ambiental y los efectos cada vez más evidentes del cambio climático.
La defensa del territorio en A Mariña continúa siendo también un asunto de actualidad en otras zonas próximas. La protección ambiental de As Catedrais, por ejemplo, sigue suscitando críticas por el impacto de la presión turística y por la situación de determinados espacios del entorno.
ADEGA asegura que mantendrá su actividad de defensa ambiental y territorial y que continuará reclamando que las administraciones garanticen el cumplimiento de las normas urbanísticas y de las exigencias ambientales. Para la organización, el caso de Barreiros debe servir como ejemplo de la necesidad de anticiparse a los problemas derivados de un crecimiento descontrolado y de evitar que las decisiones urbanísticas se adopten al margen del interés general.