El PP pide explicaciones en la Deputación de Lugo tras anular la justicia una multa de 25.000 euros al Concello de Ribadeo
El Grupo Provincial Popular defenderá en el Pleno de la Deputación de la próxima semana una iniciativa para reclamar al Gobierno provincial, integrado por PSOE y BNG, que pida disculpas públicas a los vecinos de Ribadeo después de que la justicia anulase la resolución sancionadora que había impuesto al Concello una multa de 25.000 euros.
El portavoz provincial del PP, Antonio Ameijide, considera que la resolución judicial avala, según su interpretación, la decisión del Concello de Ribadeo de realizar labores de desbroce y limpieza de maleza en vías provinciales para garantizar la seguridad de los usuarios. El popular sostiene que estos trabajos son competencia de la Deputación y acusa al organismo provincial de no actuar ante esa situación.
Ameijide denuncia lo que califica de “sectarismo y actitud autoritaria” del Gobierno provincial con los concellos gobernados por el PP. Según afirma, esta situación se mantuvo tanto durante la anterior etapa de la Deputación como bajo la actual presidencia de Carmela López, que, según el comunicado, mantiene la misma composición política.
El portavoz popular asegura que la sanción suponía un perjuicio económico para los vecinos de Ribadeo “únicamente porque el Concello realizó los trabajos que la Deputación se negaba a realizar en pro de la seguridad vial”.
El PP vincula además esta resolución con otras decisiones judiciales desfavorables para el Gobierno provincial. Ameijide cita el traslado de los trabajadores de Suplusa a Tragsa, declarado nulo por el Tribunal Supremo, y la condena del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por inactividad en la apertura de la residencia de mayores de Becerreá.
La iniciativa que los diputados populares llevarán al Pleno también contempla reprobar al anterior presidente de la Deputación, José Tomé, al que el PP atribuye la responsabilidad principal de la decisión que derivó en la sanción al Concello de Ribadeo.
La formación reclama igualmente al Gobierno provincial que abandone la confrontación con los municipios y priorice, según su propuesta, la lealtad institucional, la cooperación y la asistencia a los concellos, así como que deje de sancionar o perseguir, en sus palabras, a los municipios de la provincia por motivos políticos.