El PP insiste en exigir al Gobierno de Sánchez la convocatoria de la mesa de Alcoa
El Partido Popular reivindica la implicación del Gobierno de Sánchez para garantizar la continuidad de la actividad y de los empleos de la factoría de Alcoa en la Mariña y espera que PSOE y BNG apoyen en el Pleno de la Diputación de Lugo una iniciativa para exigir al Ejecutivo estatal a convocatoria de la mesa de seguimiento del pacto y medidas de apoyo que contribuyan a la viabilidad de la planta. Así lo trasladaron el portavoz, Antonio Ameijide, y el viceportavoz del Grupo Provincial Popular y alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, durante una visita a la planta.
Los diputados del PP ya llevaron al pleno del pasado mes de octubre esta iniciativa por la vía de urgencia, pero PSOE y BNG se negaron a debatir la propuesta “a pesar de ser conocedores de la situación de incertidumbre que sufren los trabajadores” y de que “dejar pasar el tiempo no juega a su favor”.
Salgueiro explica que “el Ministerio está incumpliendo una parte del pacto que le compete, como es la convocatoria de la mesa de seguimiento con una periodicidad trimestral y que debería haber celebrado una reunión antes de finales de septiembre”. Desde lo anterior Pleno de la Diputación, pasó cerca de un mes y el Ministerio sigue sin convocar esa mesa de seguimiento, que sería el escenario más acomodado para abordar entre los representantes de la empresa, de los trabajadores, del Gobierno y de la Xunta la propuesta de acuerdo de Alcoa con un socio inversor, Ignis, para la continuidad de las operaciones y que “está condicionado al apoyo del Gobierno de España”.
La propuesta que los populares registraron esta semana recoge exigir al Gobierno de España ayudas públicas que garanticen la inversión para la modernización de la planta en el mismo sentido que las que recibieron otras empresas también declaradas estratégicas por el Estado; así como el compromiso para la consignación de los 80 millones de dólares (74 millones de euros) correspondientes a las compensaciones de la compra de los derechos de emisión de CO2 indirecto y el aumento de la dotación presupuestaria hasta el máximo legalmente permitido por la normativa europea para compensar los costes indirectos por CO2 de la industria electrointensiva.
Salgueiro subraya que “la planta de Alcoa en la Mariña, la única que produce aluminio primario en España y que fue declarada estratégica durante la pandemia, merece el mismo trato que otras empresas que obtuvieron la misma distinción por parte del Estado cómo Telefónica, Air Europa y, más recientemente, Arcelor, entre otras, que sí recibieron ayudas públicas”.
AUTORIZACIÓN DE LOS PARQUES EÓLICOS: XUNTA SÍ, GOBIERNO NO
Los populares también urgen al Gobierno de Sánchez a autorizar los parques eólicos vinculados a la producción de energía para la factoría mariñana a precios competitivos a través de los contratos PPA, toda vez que “el Gobierno de España, único competente en la materia, no fue capaz de abaratar el precio de la energía para las industrias electrointensivas y, por lo tanto, no pueden disponen de las mismas condiciones que sus competidoras europeas”.
Los diputados provinciales del PP recuerdan que “el pasotismo del Gobierno de España que está lastrando la competitividad de la planta” contrasta con el compromiso de la Xunta de Galicia que “ya ha mostrado su apoyo” teniendo ya autorizados los parques eólicos de su competencia y la ampliación de la balsa de lodos.
El PP logró aprobar en el Congreso -con el voto en contra del PSOE y a favor del BNG, excepto en el segundo punto que se abstuvo- una iniciativa que defendió el diputado lucense y portavoz del Grupo Popular en materia de Industria, Francisco Conde, para instar al Gobierno de Sánchez a garantizar la competitividad de la planta de Alcoa en la Mariña y la industria electrointensiva.
Concretamente, segundo explican los populares, el Congreso de los Diputados acordó instar al Gobierno de España a cumplir sus propios plazos impuestos en el Real Decreto-ley 23/2020 en el que se refiere a la tramitación de proyectos de generación a partir de fuentes renovables; y asumir las posibles responsabilidades patrimoniales para las empresas -no solo energéticas, sino también industriales- que se vieron gravemente perjudicadas ante los errores de incumplimiento de los plazos fijados por el propio Gobierno.
Y también a modificar el Estatuto de los consumidores electrointensivos para asegurar que las industrias en España podan competir en igualdad de condiciones en el comprado europeo, incrementando la dotación presupuestaria para las ayudas al sector hasta el límite del 25% de los ingresos de derechos de emisión de CO2, conforme al permitido por la Directiva Europea; y agilizar la tramitación y activación de subastas específicas de energía renovable para consumidores industriales intensivos en energía.