El Partido Popular denuncia una grave parálisis política y falta de control en la gestión de Lourenzá
El grupo municipal del Partido Popular en Lourenzá ha manifestado su honda preocupación por la situación administrativa y económica que atraviesa el ayuntamiento. Los concejales de la oposición acusan de forma directa a la alcaldesa y a su equipo de centrar sus esfuerzos en intentar desviar la atención pública y desacreditar la labor fiscalizadora de su grupo, en lugar de ofrecer soluciones eficaces a los problemas reales que afectan a los vecinos en su día a día.
Entre las principales críticas de carácter técnico, los populares destacan que la propia administración local reconoce implícitamente una evidente falta de control al verse en la obligación de recurrir al remanente de tesorería para liquidar diversas facturas que quedaron pendientes en el pasado. A mayores, la formación asegura que todavía existen múltiples compromisos económicos sin abonar con pequeñas y medianas empresas del ámbito local. A esta difícil coyuntura financiera se suma el hecho de que el municipio todavía no dispone de los presupuestos aprobados para el presente ejercicio de 2026, a pesar de que el grupo de gobierno cuenta con la mayoría necesaria para su validación. Asimismo, los populares denuncian que se han cumplido siete meses sin la convocatoria de un pleno ordinario, motivo por el cual han presentado una queja formal ante la Valedora do Pobo.
Desde el Partido Popular advierten de que este escenario de abandono no se debe a cuestiones técnicas de personal o a la falta de secretario municipal, sino a una carencia estructural de dedicación política. Como ejemplos significativos de esta gestión, destacan la existencia de licencias urbanísticas que permanecen sin resolver desde el año 2024 a pesar de contar con informes sectoriales favorables de otras administraciones, o la caducidad de contratos de servicios tan esenciales como el de ayuda en el hogar. También apuntan a la pérdida de subvenciones públicas por una incorrecta tramitación de los expedientes, las sanciones administrativas recibidas en el punto limpio por desatender avisos previos, el retraso en la entrega de los premios del pasado carnaval y el mal estado de conservación de las instalaciones de pádel.
Finalmente, los representantes de la formación recordaron otras problemáticas de índole jurídica y económica que inciden de forma directa en las arcas locales, como las compensaciones financieras que el ayuntamiento ha tenido que asumir por el deficiente mantenimiento de la carretera que une los núcleos de Vilanova y San Xusto, o la indemnización otorgada a una viandante tras sufrir una caída a causa de un elemento peligroso que no fue retirado en la plaza Echevarría. A esto se añade la obligación derivada de una sentencia firme para proceder a la readmisión de una empleada del departamento de turismo. Ante lo que califican de abuso continuado de las contrataciones de carácter verbal, la formación exige plenas garantías jurídicas y total transparencia en la gestión de los recursos públicos.