El Ayuntamiento de Barreiros tendrá que derribar seis viviendas de San Pedro de Benquerencia tras una sentencia firme
El Concello de Barreiros tendrá que afrontar la demolición de seis viviendas situadas en San Pedro de Benquerencia como consecuencia de un procedimiento judicial que terminó con una sentencia firme. La resolución declaró ilegal la licencia concedida para la construcción de los inmuebles en 2012, durante la etapa en la que el Partido Popular estaba al frente del gobierno municipal.
El actual ejecutivo local deberá encargarse ahora de ejecutar el dictamen judicial. Para ello, el Concello ya licitó los trabajos de derribo por un importe de 343.657 euros y estableció un plazo de seis meses para llevar a cabo la actuación.
El proceso tiene su origen en la licencia que permitió tanto la segregación de la parcela como la posterior construcción de las viviendas. La autorización acabó siendo declarada ilegal y, como consecuencia, también se determinó la ilegalidad de las obras realizadas a su amparo.
Pese a esta situación, las construcciones no fueron paralizadas ni posteriormente derribadas por los anteriores gobiernos municipales del PP. El procedimiento continuó en los tribunales hasta llegar a la situación actual, en la que la administración local está obligada a ejecutar la resolución.
El juzgado remitió ahora un requerimiento al Concello en el que establece que no caben nuevos aplazamientos para cumplir la sentencia, por lo que la administración municipal deberá proceder a la demolición de las edificaciones afectadas.
De las seis construcciones incluidas en el procedimiento, cinco son viviendas unifamiliares situadas en las proximidades de la playa de Lóngara y llevan alrededor de dos décadas habitadas. La sexta presenta unas características similares, aunque su construcción quedó sin finalizar.
La ejecución de la sentencia supone así el último capítulo de un largo conflicto urbanístico que se remonta a la concesión de las autorizaciones municipales y que afecta directamente a las familias propietarias de las viviendas.
El Concello deberá asumir ahora una actuación de especial complejidad tanto por su coste económico como por las consecuencias para los residentes. La licitación permitirá acometer los trabajos necesarios para dar cumplimiento a una resolución judicial firme que obliga a restituir la legalidad urbanística en la zona.