Barreiros reclama a la Xunta un reparto transparente de los fondos del agua y mantener las ayudas a los campamentos municipales
El pleno municipal de Barreiros aprobó dos iniciativas en las que se reclaman a la Xunta de Galicia cambios tanto en el reparto de los fondos procedentes del canon del agua y del canon de gestión de las depuradoras como en el programa "Bono Concilia Familias" de 2026.
La primera moción, presentada por el Grupo Municipal Socialista, salió adelante con la abstención del PP y reclama establecer un sistema público, transparente y basado en criterios objetivos para distribuir los recursos recaudados a través de estos tributos. La portavoz socialista, Mª Carmen Veiga, criticó la posición de los populares y acusó al Gobierno gallego de hacer un "uso partidista" de estos fondos.
Durante la defensa de la propuesta, Veiga señaló que la vecindad de Barreiros paga el canon del agua sin que, según denunció, el municipio reciba financiación autonómica para infraestructuras de saneamiento. Como ejemplo citó la nueva depuradora de San Miguel, que calificó de "urgente y fundamental" y para la que reclamó apoyo de la Xunta.
La propuesta del PSdeG plantea un nuevo modelo de distribución en el que, como mínimo, el 50% de la recaudación obtenida en un ayuntamiento se destine directamente a inversiones en el propio municipio. También propone reservar un 30% para un mecanismo de solidaridad territorial destinado a los ayuntamientos con mayores necesidades y limitar al 20% la parte destinada a los costes del sistema autonómico. Además, reclama la publicación de un informe anual que permita conocer el destino de los fondos.
"Exigimos que la asignación de recursos responda a criterios técnicos y objetivos, sin estar condicionada por afinidades políticas. El dinero de los vecinos y vecinas de Barreiros tiene que volver a Barreiros", concluyó Veiga.
La segunda iniciativa aprobada por el pleno se centró en el programa "Bono Concilia Familias" de 2026. El acuerdo insta a la Xunta a rectificar la decisión de excluir de las ayudas las actividades de conciliación organizadas por los ayuntamientos y garantizar que las familias puedan acceder al programa con independencia de que opten por servicios públicos o privados.
La propuesta fue defendida por la alcaldesa, Ana Ermida, quien explicó que las nuevas bases de la convocatoria impiden justificar gastos correspondientes a actividades organizadas por las administraciones locales. Según indicó, esta decisión afecta a los campamentos de verano del Ayuntamiento de Barreiros, que ofrecen un total de 420 plazas.
Ermida consideró especialmente problemática la situación del municipio, ya que el Ayuntamiento también quedó excluido de las ayudas de la Xunta y tuvo que buscar financiación en otras administraciones. La alcaldesa cuestionó que las familias que escogen actividades municipales, por su menor coste, no puedan acceder al mismo apoyo económico.
Según explicó, el "Bono Concilia Familias" no establece criterios económicos para la concesión de las ayudas, sino que se otorgan por orden de llegada. A su juicio, esto puede perjudicar especialmente a las familias con menor capacidad económica, que tienen más limitada su capacidad de elección.
El acuerdo aprobado por el pleno reclama también una mayor financiación para los programas de conciliación organizados por los ayuntamientos. Ermida defendió que las administraciones públicas deben garantizar la igualdad en el acceso a los recursos y apoyar las actividades municipales.
"Lo lógico para una Administración Pública que quiera fomentar la utilización de actividades de conciliación por parte de las familias también como instrumento educativo, sería dotar de fondos suficientes a las entidades públicas que las organizan bajo criterios educativos y sociales", señaló la alcaldesa.
Por su parte, el PP centró parte de sus intervenciones en la situación de los seis chalés de Lóngara afectados por una orden de derribo. En el apartado de ruegos y preguntas, el portavoz popular, José Manuel Gómez Puente, reclamó al Gobierno local que agilice la tramitación del Plan General de Ordenación Municipal (PXOM) con el objetivo de buscar una solución para estas viviendas.
Gómez Puente pidió "agilizar los trámites del PXOM, para conseguir que esos terrenos donde están esas seis viviendas logren tener la calificación de suelo urbanizable", al amparo de la disposición transitoria séptima de la Ley del Suelo de Galicia 2/2016, relativa a los asentamientos surgidos al margen del planeamiento urbanístico.
La alcaldesa, Ana Ermida, respondió que la alternativa planteada ahora por los populares no estaba contemplada en el PXOM que inició el propio PP durante su etapa de gobierno, ya que, según señaló, aquella propuesta dejaría fuera a cuatro de las seis viviendas afectadas.