La falta de transparencia pone en riesgo el futuro de la isla Pancha a días del fin de la concesión privada
A pocos días de que expire el plazo legal de la concesión privada para la explotación de la isla Pancha, en Ribadeo, ninguna de las administraciones implicadas —Portos de Ferrol-San Cibrao, Xunta de Galicia ni el Ayuntamiento— ha ofrecido información pública sobre su posible renovación. La concesión actual, vigente desde 2015, concluye el 30 de junio, y podría prorrogarse por otros cinco años, pero la ciudadanía desconoce por completo en qué punto se encuentra el procedimiento.
Desde la asociación vecinal Por Nuestro Faro llevan meses reclamando datos básicos sobre la situación legal de la concesión, especialmente si ha sido solicitada su prórroga y si se exigirá, por fin, una evaluación de impacto ambiental, obligatoria por ley pero nunca realizada. “Hace cuatro meses que nos dirigimos a la Autoridad Portuaria y aún no obtuvimos respuesta”, señalan desde el colectivo. Tampoco el Ayuntamiento de Ribadeo, dicen, ha mostrado interés en mediar o aportar claridad, limitándose a reenviar los correos a la Autoridad Portuaria.
La isla Pancha, situada en un espacio protegido de la Red Natura 2000, es considerada por los vecinos como un símbolo patrimonial e identitario. Su cesión para uso privado con fines hosteleros generó desde el inicio una fuerte controversia social. La propia Valedora do Pobo, junto con el Defensor del Pueblo y otras entidades como Ecologistas en Acción, vienen advirtiendo desde hace años sobre la irregularidad de una concesión que no cumple con los requisitos ambientales exigidos por la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Ecologistas en Acción acaba de otorgar, por segundo año consecutivo, la Bandera Negra a la isla Pancha, subrayando la “falta de voluntad de las tres administraciones para exigir el cumplimiento de la legalidad”. Ya en 2022, esta organización había denunciado la misma situación, sin que se produjeran avances. Según Por Nuestro Faro, “el hecho de que se reconozca la necesidad de una evaluación ambiental y no se realice revela una permisividad inaceptable por parte de las instituciones, que actúan entre el silencio y la opacidad”.
Desde el colectivo vecinal reiteran su exigencia de que no se conceda ninguna prórroga mientras persistan estas irregularidades, e insisten en la necesidad de realizar una evaluación ambiental previa. Esta semana han vuelto a remitir un escrito al Defensor del Pueblo, denunciando su indefensión y reclamando transparencia y compromiso con la legalidad. “Llevamos diez años denunciando esta situación. La isla Pancha no merece seguir en un limbo legal e institucional. Las administraciones deben actuar por ley, pero también por responsabilidad política y ética”, concluye Covadonga Suárez, portavoz de la asociación.