La Diputación presenta varias alegaciones al Anteproyecto de Ley de Administración Local de Galicia
La presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López, viene de registrar un documento de alegatos contra el Anteproyecto de Ley de Administración Local de Galicia, la norma con la que la Xunta pretende rediseñar el funcionamiento de ayuntamientos y diputaciones. La institución provincial considera que el escrito, de 25 páginas y más de 20 alegatos, “desmonta la premisa central del anteproyecto: dice fortalecer el municipalismo, pero en la práctica carga a los ayuntamientos con más deberes sin más recursos, recorta su capacidad de decisión y los somete al control de la Xunta”.
Carmela López subraya que “una diputación o un ayuntamiento que debe hacer más con los mismos recursos, que no puede organizarse como considere más eficiente y que debe sujetar sus decisiones a criterios autonómicos indeterminados, no son entidades locales reforzadas sino debilitadas”. Reconoce que “Galicia necesita con urgencia una nueva ley local, pero insiste en que el camino no puede ser este y pide un diálogo real con las entidades locales”.
La Diputación denuncia que la Xunta obvió trámites legales obligatorios en la elaboración de la norma. Advierte de que no hubo consulta pública previa ni se facilitaron las memorias económicas que justifiquen el coste de las nuevas competencias que se les quieren atribuir a los municipios. Sin esos datos, “opinar con fundamento resulta imposible, además desaparecen del texto figuras tan propias de Galicia como las parroquias y las comarcas, reconocidas en el Estatuto de Autonomía, que ni siquiera se menciona en el articulado”.
Lo que más alarma a la institución provincial lucense es lo que afecta directamente a los 313 ayuntamientos gallegos. “La relación de competencias municipales está redactada de forma confusa, sin distinguir el obligatorio del voluntario, y con omisiones tan graves como los servicios sociales”, señala. La Diputación pide además que se suprima el artículo 15, que permite a los ayuntamientos delegar sus competencias en las diputaciones, porque “los municipios más pequeños y peor financiados podrían acabar vacíos de funciones y reducidos a poco más que un nombre en el mapa”.
Otro de los aspectos en los que la Diputación de Lugo pone el foco es en el tratamiento de los municipios en situación de reto demográfico, pues “merece un juicio especialmente contundente”. Tras el análisis realizado del texto, se deduce que los criterios del anteproyecto son tan restrictivos que dejarían fuera a más de la mitad de los ayuntamientos gallegos de menos de 5.000 habitantes, muchos de ellos en vulnerabilidad poblacional.
La Diputación compara el modelo con el de la ley catalana de municipios rurales, mucho más generosa a pesar de que Cataluña tiene un problema demográfico menos agravado que Galicia. “Las medidas de apoyo previstas no pasan de declaraciones de intenciones, sin compromisos concretos ni dotaciones presupuestarias”, indica sobre este asunto. Y califica de “papel mojado la referencia al Pacto Local de 2006, que veinte años después sigue sin cumplirse”. Además, la Diputación también rechaza las fusiones obligatorias de municipios y pide que, como mínimo, se exija un referéndum.
Respecto de las propias diputaciones, el documento denuncia que el anteproyecto les impone nuevos deberes —como la asistencia a todos los ayuntamientos o la defensa jurídica de todos los municipios de menos de 5.000 habitantes— sin prever “ni un euro nuevo” para financiarlas. “Atribuir competencias sin dotación económica equivale a vaciar la autonomía local, algo que reconoce el propio Tribunal Constitucional.
Más deberes, menos recursos
La Diputación critica también que se impongan deberes en materia de inteligencia artificial a ayuntamientos que no disponen ni de medios ni de personal, que se obligue a remitir todos los acuerdos adaptados en los órganos de las entidades locales a la Xunta “como forma de control encubierto”, y que el texto no regule en ningún lugar materias tan básicas como los bienes, el patrimonio o la contratación local, cuando todas las demás comunidades autónomas ya lo recogen en sus leyes.
En materia de financiación, la Diputación denuncia la incoherencia de declarar el Fondo de Cooperación Local como “incondicionado” y al mismo tiempo crear subfondos que obligan los ayuntamientos a ejecutar políticas de competencia autonómica para recibir los recursos. Por su parte, la institución provincial propone fijar por ley un porcentaje mínima en los ingresos de la Xunta para blindar el Fondo y reclama partidas específicas para cubrir gastos que los ayuntamientos asumen sin que les corresponda, como el mantenimiento de centros de salud o colegios, que son de competencia autonómica.