La Diputación amplía el convenio con el Ayuntamiento de A Pontenova para garantizar la apertura de la residencia de mayores
El Pleno de la Diputación de Lugo aprobó la ampliación del convenio interadministrativo con el Ayuntamiento de A Pontenova, una decisión que busca garantizar la seguridad jurídica necesaria para culminar las actuaciones pendientes y hacer posible la apertura de la residencia de mayores, una infraestructura considerada esencial tanto para la vecindad del municipio como para el conjunto de la comarca.
Desde la institución provincial explican que la renovación del convenio resulta un paso imprescindible, ya que el acuerdo vigente se encontraba próximo a su expiración. Su continuidad permite dotar de estabilidad administrativa a un proyecto estratégico y facilita que, una vez completados los trámites legales actualmente en marcha, puedan reactivarse las obras y avanzar hacia la puesta en funcionamiento del centro.
La situación actual de la residencia viene marcada por el incumplimiento contractual de la empresa adjudicataria, tal y como recoge el informe técnico elaborado por el Servicio de Arquitectura de la Diputación. Según este documento, los trabajos se encuentran ejecutados en un 70,07 %, quedando todavía pendiente alrededor de un 30 % de la obra. Además, el plazo máximo de ejecución finalizó el pasado 15 de agosto de 2025, por lo que el proyecto se encuentra formalmente fuera de plazo.
El informe concluye que los retrasos acumulados son imputables al contratista, por lo que la Administración está legalmente habilitada para iniciar la resolución del contrato. En este sentido, desde la Diputación subrayan que la decisión adoptada no responde a criterios políticos, sino a la aplicación rigurosa de la normativa vigente y a la defensa del interés público frente a un incumplimiento acreditado técnicamente.
Durante el debate plenario, el diputado de Promoción Económica y Social, Pablo Rivera Capón, destacó que “un ejemplo claro de esta actuación preventiva fue la decisión de iniciar la resolución del contrato incluso antes de que la empresa entrase en concurso de acreedores”. Según indicó, esta medida resultó clave para evitar mayores retrasos y consecuencias más graves para el proyecto. Rivera Capón recordó también que esta situación no es ajena al contexto general, ya que “problemas similares se están produciendo en otros centros residenciales de la provincia, como Ribadeo o Riotorto, aunque en estos casos sin relación con la Diputación de Lugo”.
Una vez iniciado el procedimiento de resolución contractual, la Diputación solicitó el dictamen preceptivo del Consello Consultivo de Galicia, tal y como establece la legislación. Este órgano independiente comunicó oficialmente la necesidad de disponer de un plazo adicional de 15 días para emitir su informe, una ampliación que fue tramitada por la Diputación con absoluto rigor administrativo.
Desde el gobierno provincial se aclara que este paso es obligatorio por ley y garantiza que todo el proceso se desarrolle con plenas garantías jurídicas. Una vez emitido el dictamen, se procederá a la liquidación definitiva del contrato y se activarán de inmediato los siguientes trámites administrativos necesarios para retomar las obras.
La ampliación del convenio aprobada por el Pleno tiene como objetivo evitar cualquier vacío jurídico y asegurar la continuidad de la cooperación entre administraciones. Desde la Diputación insisten en que se trata de un paso clave para que, resuelta la situación contractual, pueda avanzarse con agilidad hacia la finalización de la residencia y su apertura al público. “Estamos actuando con responsabilidad, rigor técnico y respeto escrupuloso a la legalidad, con el único objetivo de proteger el interés público y hacer realidad cuanto antes este servicio”, señalan desde la institución, que reafirma su compromiso con la atención a las personas mayores y con un modelo de servicios sociales que permita a la vecindad seguir viviendo en sus municipios con dignidad, seguridad y calidad de vida.