Galicia, señalada con seis Banderas Negras por el deterioro de su litoral
El litoral gallego vuelve a estar en el punto de mira tras la publicación del Informe Banderas Negras 2025, elaborado por Ecologistas en Acción, que denuncia las agresiones más graves al medio marino en todo el Estado. En total, Galicia recibe seis distintivos negativos, dos por provincia, repartidos entre contaminación y mala gestión ambiental. La situación confirma que los problemas ambientales del litoral gallego siguen sin una respuesta eficaz por parte de las administraciones.
En Pontevedra, el informe señala dos casos especialmente simbólicos. Por un lado, la ocupación del dominio público marítimo-terrestre en la playa de O Con, en Moaña, por parte de Alberto Núñez Feijóo y su pareja, lo que supone una apropiación privada de un espacio de uso común. La organización subraya que, aunque la superficie ocupada no es muy extensa, el caso es especialmente grave por el perfil del infractor, expresidente de la Xunta y actual líder del PP. Por otro lado, se otorga otra bandera negra por la usurpación del dominio público en la isla de Toralla, donde los propietarios de una urbanización privada impiden el libre acceso al litoral, con el consentimiento tácito de las administraciones.
En la provincia de A Coruña, una de las denuncias apunta al puerto de Suevos, en Arteixo, afectado por vertidos contaminantes, mientras que la segunda señala a la multinacional ALTRI, por la amenaza que supone para la biodiversidad y los recursos hídricos de la ría de Arousa su proyecto industrial.
En Lugo, la empresa Alcoa recibe una bandera negra por su gestión de la balsa de lodos rojos en San Cibrao (Cervo-Xove) y por la existencia de un emisario ilegal de aguas residuales, utilizado durante décadas sin control administrativo ni rigor en las auditorías. El informe critica duramente a la Xunta por emitir una Declaración de Impacto Ambiental favorable para el recrecimiento de la balsa, sin evaluar aspectos fundamentales ni contar con planes de emergencia o clausura.
También en Lugo, el caso de la Isla Pancha, en Ribadeo, es calificado de ejemplo paradigmático de privatización encubierta de un espacio público protegido, perteneciente a la Red Natura 2000. La falta de informes sectoriales obligatorios, la ausencia de justificación de interés general y la opacidad en el proceso agravan la situación. El Defensor del Pueblo reconoció que la Consellería de Medio Ambiente no está cumpliendo con la legalidad vigente, aunque esta solo se compromete a mejorar su actuación futura, sin corregir el caso concreto.
El informe, que este año otorga 48 Banderas Negras en todo el Estado, advierte que muchas más zonas podrían haber sido incluidas, y denuncia especialmente la creciente ocupación del espacio público por intereses privados. “La apropiación del litoral por élites económicas y la pasividad o complicidad de algunas administraciones son hoy uno de los principales peligros para la costa española”, concluye el documento.