Francisco Conde acusa al Gobierno de Sánchez de frenar Alcoa por falta de garantías en el precio de la energía

AMariñaXa
El diputado lucense denuncia en el Congreso que el Ejecutivo no activó las bonificaciones necesarias para garantizar la competitividad de la planta de A Mariña
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27 May 2025

El diputado del PP por Lugo y portavoz de Industria del Grupo Popular en el Congreso, Francisco Conde, arremetió con contundencia contra el Gobierno central durante su intervención en la Comisión de Industria y Turismo, al señalar que “Alcoa no confía en el Ejecutivo de Pedro Sánchez” y por eso ha decidido paralizar la reactivación de las cubas en San Cibrao prevista para el 1 de octubre de 2025. Según el parlamentario, la compañía desconfía de la capacidad del Estado para garantizar un suministro eléctrico a precios competitivos, lo que pone en riesgo la viabilidad de la planta.

Conde denunció que las bonificaciones en peajes y las compensaciones eléctricas no están vigentes, por lo que no están dando respuesta a las necesidades de las industrias electrointensivas. “En 2024 se ejecutaron 180 millones de euros en bonificaciones, pero desde el 1 de enero de 2025 esas medidas carecen de cobertura legal, y por tanto no sirven”, explicó.

También advirtió que el Estatuto del consumidor electrointensivo lleva más de dos años pendiente de modificación, y que en la práctica solo aportó 29 millones de euros en 2024, una cifra que considera claramente insuficiente. Además, señaló que no se han vuelto a convocar subastas para centrales cuyo ciclo de vida ha terminado, lo que incrementa la incertidumbre energética.

En su discurso, Conde se dirigió a la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, para exigir explicaciones sobre los costes operativos y financieros que están asumiendo las empresas debido al apagón eléctrico, que calificó de “fracaso del Gobierno en el diseño del mix energético”. El popular considera que esta situación ha supuesto un daño reputacional a nivel internacional y un impacto económico directo, ya que las empresas están soportando 4.000 millones de euros en servicios de ajuste sin saber cuánto tiempo más durará esta situación.

“Lo más grave es que el Gobierno reconoce que no sabe lo que pasó, o peor aún, no se atreve a decirlo por miedo a las consecuencias políticas y económicas que podría suponer asumir responsabilidades”, concluyó el diputado lucense.

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