El Senado reclama al Gobierno el desbloqueo de los parques eólicos para asegurar el futuro de Alcoa

La planta de Alcoa en San Cibrao vuelve al centro del debate político en Madrid. El Senado ha aprobado una propuesta promovida por el Partido Popular en la que se insta al Gobierno de Pedro Sánchez a autorizar cuanto antes los cinco parques eólicos vinculados a la factoría, que llevan más de dieciocho meses esperando la luz verde del Ministerio para la Transición Ecológica. El objetivo es garantizar un suministro energético más barato y estable para la única fábrica de aluminio primario que queda en España.
El senador popular José Manuel Balseiro calificó la situación como “paradójica”, al observar que mientras en Europa se refuerza el acceso a materias primas estratégicas, en España está en riesgo una industria esencial que fue considerada actividad esencial durante la pandemia. Alcoa representa cerca del 30% del PIB de la provincia de Lugo y genera más de 2.000 empleos entre directos e indirectos, siendo además la principal industria electrointensiva de Galicia y del conjunto del Estado.
El acuerdo alcanzado fue apoyado por el PSOE, que aceptó la propuesta del PP en la Comisión de Industria. Por su parte, el BNG no asistió al debate y VOX votó en contra. Balseiro destacó el consenso como un avance, aunque no dejó de recordar los reiterados incumplimientos del Ejecutivo central: “Prometieron autorizar parques eólicos, ayudas por emisiones de CO₂ y un estatuto electrointensivo eficaz, pero no cumplieron nada. El estatuto aprobado reparte menos ayudas y entre más empresas, lo que perjudica claramente a Alcoa”, explicó.
También se denunció el retraso en la convocatoria de la mesa de seguimiento del pacto de Alcoa, que según el acuerdo inicial debía reunirse cada tres meses, pero que tardó casi un año en volver a celebrarse.
Desde el PP pusieron en valor el papel cumplidor de la Xunta de Galicia, que sí ha dado pasos como la autorización de la ampliación de la balsa de lodos, una de las principales demandas de la empresa.
Con esta votación, la Cámara Alta lanza una nueva señal de presión al Ejecutivo central para que actúe ante una crisis industrial que sigue sin solución definitiva. Mientras tanto, en A Mariña crece la inquietud por el futuro de una empresa clave para la economía y el empleo de la comarca.