El sector productor critica a la Xunta por excluir a la mayoría de granjas de faba de A Mariña de las nuevas ayudas

AMariñaXa
El SLG denuncia que solo 19 explotaciones inscritas en la IXP Faba de Lourenzá podrán acceder a las subvenciones, a pesar de que los daños afectaron a todo el sector
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27 Jun 2025

La reciente convocatoria de ayudas publicada por la Agencia Gallega de Calidad Alimentaria (Agacal), dependiente de la Consellería de Medio Rural, ha generado un fuerte malestar entre los productores de faba de A Mariña lucense. El motivo: el acceso a las subvenciones se limita únicamente a las explotaciones registradas en la Indicación Geográfica Protegida (IXP) Faba de Lourenzá, dejando fuera a la mayoría del sector.

El Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL) califica esta decisión de “claramente discriminatoria”, recordando que actualmente solo 19 explotaciones están inscritas en la IXP, mientras que gran parte de la producción se desarrolla fuera de esa marca. “Las condiciones climáticas de 2024 afectaron por igual a todas las productoras, estén o no dentro de la IXP”, señalan.

Desde el sindicato advierten que esta exclusión no solo es injusta, sino que podría ser ilegal, por lo que estudiarán la resolución de la Consellería desde una perspectiva jurídica. “La IXP no es un requisito legal para producir faba, y no debería emplearse como criterio excluyente en la concesión de ayudas públicas”, subrayan.

El SLG añade que el problema no se limita a la viabilidad de la IXP, como sostiene la Xunta, sino que está en juego el futuro económico de numerosas familias labradoras de la comarca. Por ello, piden una revisión de las políticas de apoyo para garantizar la continuidad de todas las explotaciones, y no solo de unas pocas.

Asimismo, reclaman la puesta en marcha de estudios que analicen el impacto del cambio climático en el cultivo de faba, y una mayor colaboración con el personal técnico de sanidad vegetal. “No podemos permitir que se pierda un sector tradicional con tanto valor para el medio rural por falta de voluntad política”, concluyen desde el SLG.

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