Desde la Diputación de Lugo acusan al Partido Popular de mentir deliberadamente al afirmar que la directora fue apartada por la Diputación, ya que "presentó su renuncia de manera voluntaria"
El Grupo Provincial Popular considera que el hecho de cesar a la anterior directora del centro y nombrar a un nuevo responsable es "una confirmación de los problemas existentes en el centro". Esta decisión será efectiva entre el 19 de mayo y el 18 de julio, salvo que las circunstancias organizativas cambien antes de esa fecha.
Así, el portavoz provincial del Partido Popular, Antonio Ameijide, interpreta esta decisión como un reconocimiento por parte del presidente de la Diputación, José Tomé, de las deficiencias que el PP lleva meses denunciando. "Hablamos de al menos 10 reclamaciones registradas en el último año, y ahora se constata que no éramos nosotros los que mentíamos", aseguró.
Y exigen que "expliquen públicamente los motivos para cambiar la dirección de la residencia", sobre todo "después de que hace pocos días afirmaron que no había ningún tipo de problema de funcionamiento ni quejas ni reclamaciones registradas".
Ameijide recuerda que tanto el Ayuntamiento como la Diputación tienen responsabilidad directa sobre la residencia, y insiste en que el objetivo de las denuncias no es político, sino mejorar la calidad del servicio y garantizar los derechos de las personas usuarias y de las trabajadoras. "Exigimos explicaciones públicas sobre los motivos del relevo en la dirección, ya que hace poco afirmaban que todo funcionaba perfectamente", añadió.
RESPUESTA DESDE LA DIPUTACIÓN DE LUGO
El diputado de Promoción Económica y Social de la Diputación de Lugo, Pablo Rivera Capón, por su parte, sostiene que es "rotundamente falso que la directora de la residencia haya sido cesada. Presentó su renuncia de manera voluntaria, tal y como consta por escrito. Por tanto, el Partido Popular miente deliberadamente al afirmar que fue apartada por la Diputación".
Además, explican que, en su carta de renuncia, la directora expone que su decisión responde a la campaña pública de desprestigio de la que fue objeto, con acusaciones infundadas que cuestionaban su profesionalidad. "Esta realidad abre interrogantes sobre quién impulsó esa campaña y con qué finalidad". Así, afirman que desde la Diputación de Lugo respetan y entienden su decisión personal, adoptada en un contexto de fuerte presión externa.
Con todo, aseguran que la dirección de la residencia "estuvo y sigue estando plenamente garantizada, asegurando en todo momento el correcto funcionamiento del centro y la atención a las personas usuarias".
Capón también señaló a Antonio Ameijide, a quien exige que explique su papel en la difusión de estas acusaciones y que valore "si es compatible con una actuación institucional responsable. Su implicación directa pone en duda su voluntad de defender el interés general. Convertirse en un mentiroso profesional no le da más credibilidad ni está a la altura de lo que la ciudadanía espera de un representante público".