El PP exige a la Diputación de Lugo que defienda a la flota pesquera tras el veto europeo a la pesca de fondo
El Grupo Provincial del Partido Popular solicitará en el próximo Pleno de la Diputación de Lugo una posición firme de la institución en defensa de la flota pesquera de A Mariña tras la reciente sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, que desestima el recurso presentado contra el reglamento comunitario que impone 87 zonas vedadas a la pesca de fondo en el Atlántico Nororiental. Dicha normativa, impulsada por el anterior comisario europeo de Medio Ambiente, ha sido cuestionada por los populares por carecer de base científica sólida y por ignorar los efectos socioeconómicos en el sector.
En un reciente encuentro celebrado en Celeiro con armadores y representantes del sector, los diputados del PP recogieron la inquietud de los afectados, que recordaron que “la flota de A Mariña utiliza artes como el palangre, de mucho menor impacto ambiental que otras como el arrastre”. Sin embargo, denuncian que “las vedas se establecieron sin diferenciar técnicas, penalizando por igual a todas las modalidades de pesca de fondo”.
A Mariña lucense, con una profunda tradición pesquera, será especialmente castigada por la aplicación de esta normativa. Más de la mitad de las embarcaciones gallegas afectadas tienen base en la provincia de Lugo, que cuenta con los puertos de Burela y Celeiro como referentes estatales. Por ello, el PP reclamará que la Diputación inste al Gobierno de España a presentar un recurso de casación y a intervenir ante las autoridades comunitarias para lograr una revisión del reglamento.
Los populares también exigen que el Ejecutivo español aporte la información científica reunida desde 2022 que permita determinar con claridad si existen realmente ecosistemas vulnerables en las zonas afectadas y el impacto real que tienen las distintas artes de pesca. “No se puede legislar desde los despachos de Bruselas sin tener en cuenta la realidad del mar y de quienes viven de él”, remarcan.
En el Congreso y en el Senado, los grupos del PP ya han registrado iniciativas para conocer qué medidas ha tomado el Gobierno desde 2022 y si ha encargado estudios propios sobre los posibles efectos del palangre de fondo en las zonas prohibidas.
En esta misma línea, la Xunta de Galicia, que participó como parte coadyuvante en el proceso judicial europeo, ya ha solicitado una reunión con el nuevo Comisario de Pesca, Costas Kadis, para analizar con el sector posibles soluciones. Desde el gobierno autonómico recuerdan que aportaron información técnica sobre la actividad de la flota y que continuarán apoyando al sector.
Desde el PP provincial insisten en la necesidad de alcanzar “un equilibrio realista entre la protección del medio ambiente y la viabilidad económica” y reclaman que Europa no le dé la espalda a la gente del mar: “Queremos una regulación sostenible, pero también justa, que respete el modo de vida de miles de familias”.