El PP de Lugo reclama al Gobierno medidas urgentes contra la ocupación ilegal tras lo sucedido en Xove

AMariñaXa
Los senadores populares acusan al Ejecutivo de “proteger a los okupas” y critican el bloqueo de la ley impulsada por su grupo en el Congreso
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10 Nov 2025

Los senadores del Partido Popular de Lugo —José Manuel Barreiro, José Manuel Balseiro y Juan Serrano— presentaron en el Senado una iniciativa con la que buscan conocer qué medidas prevé adoptar el Gobierno central para frenar casos de ocupación ilegal de viviendas como el ocurrido recientemente en el municipio de Xove.

El senador mariñano José Manuel Balseiro calificó de “indignante” la actitud del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusa de mantener “una inacción que lo sitúa más cerca de los okupas que de los legítimos propietarios de las viviendas”. El parlamentario popular lamentó además que “los socios de Sánchez, los partidos de izquierda y nacionalistas, impidan legislar e incluso bloqueen leyes que podrían ofrecer una solución a este problema creciente”.

Desde el Partido Popular consideran que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se encuentran “con las manos atadas” a la hora de actuar frente a este tipo de delitos, mientras que la Justicia carece de una normativa eficaz que permita agilizar los desalojos en un plazo razonable. “En muchos países europeos los okupas son expulsados rápidamente, pero aquí no ocurre así porque Sánchez y sus socios no quieren”, añadió Balseiro.

El senador recordó también que el Partido Popular ya promovió en el Senado una Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal, orientada a garantizar la convivencia vecinal y la seguridad en las comunidades de propietarios. El texto legal incluye medidas como los desalojos exprés, el endurecimiento de las penas y acciones de protección para los usuarios de las viviendas afectadas.

Sin embargo, Balseiro denunció que esta iniciativa se encuentra bloqueada en su tramitación en la Mesa del Congreso, “controlada por el PSOE y Sumar”, lo que —asegura— impide que puedan aplicarse soluciones reales a un problema que genera “inseguridad, impotencia y desprotección” entre los vecinos.

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