El BNG reclama transparencia en la concesión de la residencia y el centro de día de Cervo.

AMariñaXa
Los nacionalistas denuncian falta de transparencia en el proceso y consideran una “estafa” el incremento del 44% en las tarifas que deberán pagar las familias
BNG-Cervo-2026
5 Mar 2026

El Bloque Nacionalista Galego acaba de solicitar en el Ayuntamiento de Cervo el acceso a la totalidad del expediente relativo al acuerdo de adjudicación del contrato de concesión del servicio municipal de la residencia y del centro de día. La petición llega después de la aprobación, en el pleno celebrado el pasado 24 de febrero, de la Ordenanza Reguladora de la Prestación Patrimonial Pública no Tributaria que fija las condiciones económicas de este servicio municipal.

La medida fue impulsada por el gobierno local del Partido Popular y provocó inquietud entre los familiares de las personas usuarias al conocerse el incremento de las tarifas previstas en la nueva ordenanza. Según explican desde el BNG, el documento contempla una subida del 44% en el coste de las plazas de la residencia, lo que supone pasar de un pago aproximado de 1.500 euros mensuales a alrededor de 2.100 euros.

El servicio municipal, del que es titular el Ayuntamiento de Cervo, cuenta con 54 plazas de residencia y otras 25 de centro de día. En la actualidad se presta mediante un contrato de concesión de servicios, por lo que su gestión depende de una empresa adjudicataria. Fue precisamente el nuevo proceso de licitación y el posterior acuerdo de adjudicación lo que, según el BNG, hizo saltar las alarmas entre las familias al comprobar las condiciones económicas recogidas en la ordenanza aprobada en pleno.

Desde la formación nacionalista consideran que este incremento resulta inasumible para muchas familias y lo califican como una “estafa amparada en una licitación”. En este sentido, señalan que la subida prevista repercute directamente en las economías domésticas de las personas usuarias, que deberán asumir un aumento considerable en el coste del servicio.

Ante esta situación, el grupo municipal del BNG votó en contra de la ordenanza durante el pleno del pasado 24 de febrero y decidió solicitar toda la documentación relacionada con la concesión del servicio para analizar con detalle el proceso seguido por el gobierno local.

El concejal nacionalista David Villares explicó que la petición de acceso al expediente responde a la falta de información trasladada hasta el momento tanto a los grupos de la oposición como a las propias familias de las personas residentes. Según indicó, “el proceso que está llevando el Ayuntamiento con la nueva adjudicación no tiene nada de transparencia, pues ni se dio información a los grupos de la oposición ni a las familias de las personas usuarias”.

Villares también recordó que el acuerdo de adjudicación del contrato de concesión fue aprobado en la Junta de Gobierno Local, un órgano en el que solo participan miembros del ejecutivo municipal. Por este motivo, el BNG considera necesario conocer todos los detalles del procedimiento y reclama que se facilite la documentación correspondiente.

“Los primeros que deberían tener toda la información son los familiares de las personas usuarias, porque hasta ahora han sido ignorados por el gobierno del Partido Popular”, afirmó el edil nacionalista, quien avanzó además la intención de su grupo de mantener encuentros con las familias afectadas. El objetivo, según explicó, es colaborar en la búsqueda de una solución que permita evitar que la subida prevista recaiga íntegramente en las economías familiares.

Los nacionalistas subrayan que su prioridad es garantizar que los servicios de atención a las personas mayores mantengan unos estándares adecuados de calidad y asistencia, independientemente de que su titularidad sea pública o privada. En este sentido, insisten en la necesidad de reforzar un sistema público de cuidados que asegure una atención digna a las personas mayores.

Desde el BNG también defienden que los precios de estos servicios deben adaptarse a la realidad económica de las familias, evitando incrementos que puedan dificultar el acceso a la atención residencial o al servicio de centro de día. Para la formación, garantizar una vejez digna pasa por asegurar una red de cuidados accesible, con servicios de calidad y con costes asumibles para las personas usuarias y sus familiares.

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