El BNG acusa al PP de bloquear la nueva ordenanza sobre tenencia animal en Viveiro
La nueva Ordenanza de Tenencia de Animales en Viveiro, redactada y finalizada durante el anterior mandato, continúa paralizada a pesar de estar lista para su aprobación definitiva. Así lo ha denunciado públicamente el BNG, que acusa al actual gobierno local del Partido Popular de “dejadez” e “inmovilismo”.
La exconcejala de Medio Ambiente, Míriam Bermúdez, explica que el texto ya superó el período de exposición pública y fue elaborado “con el máximo rigor técnico y legal”. Para la nacionalista, la ordenanza representa un “avance esencial” en bienestar animal y convivencia ciudadana, al incluir medidas como la creación de zonas específicas para perros, el control de colonias felinas mediante el método CER (captura, esterilización y retorno) y la implantación de un sistema graduado de sanciones.
“Cada día que pasa sin aprobar esta normativa es un día más de incertidumbre para quienes conviven con animales y un freno a las mejoras que dejamos encaminadas”, señala Bermúdez, que también advierte de que el gobierno municipal “está a punto de retirar Seiramar como playa de uso compartido, algo totalmente injustificable”.
La normativa establece obligaciones claras para las personas propietarias, regula la tenencia de perros potencialmente peligrosos, impone la identificación mediante microchip y promueve la creación de cinco Zonas de Esparcimiento Canino (ZEC) en Celeiro, Nogueiras, Xunqueira, Seiramar y Covas. Según el BNG, mantener la ordenanza bloqueada supone también aplazar estas actuaciones ya planificadas.
“La inacción del ejecutivo local es preocupante. No solo no presentan nuevas propuestas, sino que tampoco permiten que se pongan en marcha proyectos útiles y trabajados previamente”, critica la representante del BNG, que pide al PP “dejar a un lado los prejuicios partidistas y pensar en el interés común de la ciudadanía”.
El BNG ha anunciado que presentará un ruego en el próximo pleno ordinario para reclamar la inclusión de la ordenanza en el orden del día del pleno de junio, instando al gobierno local a actuar “con responsabilidad y sentido común para no dejar en un cajón una normativa que la sociedad lleva años esperando”.