Denuncian presiones y represalias en la Vivienda Comunitaria de A Pontenova tras reclamar mejoras en la alimentación
Las personas usuarias de la Vivienda Comunitaria de A Pontenova llevan meses denunciando la mala calidad de la alimentación, una crítica que comparten también afectados de la Residencia de Ortigueira y del servicio Xantar na Casa. Según explican, la situación no solo no ha mejorado, sino que ha derivado en un clima de tensión creciente dentro del centro.
Tras hacerse públicas las quejas, varios usuarios aseguran estar sufriendo presiones, represalias y provocaciones, especialmente quienes asumieron un papel máis visible nas reclamacións. En uno de los casos, incluso se abrió un expediente disciplinario a un residente acusado de supuestas amenazas ao resto de usuarios, sin que —según indican— se hayan acreditado tales hechos.
La persona afectada solicitó en agosto a la Xunta copia de las actuaciones del expediente, pero no obtuvo respuesta, lo que la llevó a presentar una queja ante la Valedora do Pobo. Desde entonces, según denuncian, las presiones aumentaron y varias personas tuvieron que recibir atención médica por crisis de ansiedad en el PAC de Meira, e incluso algunas fueron derivadas al HULA.
También afirman que sus propias denuncias no son escuchadas, o se resuelven atendiendo únicamente a la versión de la dirección del centro, sin dar audiencia a las denunciantes ni a las testigos.
La situación empeoró nas últimas semanas con la apertura de un nuevo expediente a otro usuario, al que se ordenou el traslado a unha vivenda situada a casi 200 kilómetros, adoptando esta medida cautelar sin aviso previo. En el documento figuran acusaciones muy graves, como que personas adultas plenamente capaces estarían “manipuladas” y no sabrían lo que firman al denunciar el maltrato.
El Sindicato Labrego Galego (SLG) considera esta decisión unha medida claramente punitiva, destinada —señalan— a castigar las quejas por la comida y el trato recibido, al tiempo que rompe un grupo de apoyo mutuo entre personas mayores que se acompañan emocionalmente y se ayudan en sus necesidades básicas.
El SLG sostiene que estas acusaciones carecen de base sólida y buscan intimidar a los usuarios para evitar nuevas denuncias. La organización recuerda que se trata de personas mayores con discapacidad y en situación de especial vulnerabilidad, para las que la Xunta debe garantizar una alimentación adecuada, un trato digno y el respeto a sus derechos.
Por el contrario, denuncian que la inacción administrativa está convirtiendo a la institución en “cómplice” de una situación que no debería permitirse y que, de confirmarse, podría ter consecuencias judiciales.
El SLG considera “especialmente grave” que se vulneren derechos fundamentales mientras se mantiene unha actitud de desatención institucional. La entidad expresa su apoyo a las personas usuarias y a sus familias y reclama medidas inmediatas para poner fin a estas prácticas, restablecer la convivencia y devolver la dignidad a las personas afectadas.