Cervo asumirá buena parte de la subida de la residencia municipal tras confirmarse el equilibrio de las cuentas
El Ayuntamiento de Cervo asumirá una parte importante del incremento de precios de la residencia municipal con el objetivo de aliviar el impacto económico que esta subida supone para las personas usuarias y para sus familias. La decisión llega después de confirmarse los buenos resultados de la liquidación del presupuesto del pasado ejercicio, que evidencian la buena situación de la hacienda local y permiten destinar más recursos al sostenimiento de este servicio.
Según explicó la alcaldesa, Dolores García Caramés, el remanente de tesorería derivado de esa liquidación permitirá reforzar la aportación municipal al centro residencial, lo que contribuirá a reducir el coste final de las plazas. La regidora subrayó que el gobierno local lleva tiempo trabajando en alternativas que permitan amortiguar el impacto de la subida y garantizar al mismo tiempo la continuidad y la calidad del servicio.
La medida se formalizará en el pleno municipal previsto para la próxima semana mediante la fórmula jurídica correspondiente. García Caramés destacó que esta decisión es consecuencia de una gestión económica “equilibrada y sostenible”, que ahora permite reforzar una de las principales políticas sociales del Ayuntamiento.
La alcaldesa recordó que el incremento de precios generó preocupación entre las familias y que desde el primer momento el ejecutivo municipal buscó fórmulas para reducir el coste de las plazas. “Entendíamos el malestar de las familias por el repentino incremento y no dejamos de trabajar para encontrar una solución, al tiempo que garantizábamos la continuidad del servicio en la residencia con un nuevo contrato y con una nueva empresa proveedora”, indicó.
En este sentido, recordó que la semana pasada mantuvo un encuentro con las familias usuarias para trasladarles que el Ayuntamiento estaba estudiando diferentes vías para abaratar el precio de las plazas. También explicó que era necesario esperar a la confirmación de la liquidación presupuestaria, ya que la administración local está sometida a un plan económico financiero durante dos años. “Cinco días después tenemos la solución encima de la mesa, por lo que quiero agradecer la paciencia de las personas usuarias y de sus familias”, señaló.
La regidora también aprovechó para reclamar mayor implicación de otras administraciones. En particular, lamentó que la Diputación de Lugo no haya confirmado ningún tipo de apoyo a la financiación de la residencia de Cervo, mientras anuncia la cobertura total de los costes de otros centros en distintos ayuntamientos de la provincia. García Caramés avanzó que continuará solicitando ese respaldo para garantizar un trato similar.
Del mismo modo, criticó la postura adoptada por los grupos de la oposición municipal, socialistas y nacionalistas, a los que acusó de intentar convertir el nuevo contrato de la residencia en un elemento de confrontación política en lugar de colaborar en la búsqueda de soluciones. Según afirmó, ninguno de los dos grupos promovió una posición común para reclamar a la Diputación un apoyo semejante al que reciben otros municipios.
La alcaldesa también respondió a las críticas del BNG, que denunció una supuesta falta de transparencia en el proceso. García Caramés rechazó esas acusaciones y recordó que la licitación del servicio lleva meses publicada en los portales públicos de contratación, donde se pueden consultar todos los detalles relativos a las condiciones económicas y a los criterios establecidos. “Toda la información está disponible para quien quiera consultarla. Lo que no podemos es hacer el trabajo de la oposición si ni siquiera revisan las plataformas públicas”, manifestó.
En cualquier caso, la regidora prefirió poner el foco en los avances logrados y subrayó que el objetivo del gobierno local sigue siendo responder a las necesidades de la vecindad. En este contexto, destacó que la residencia municipal constituye un servicio esencial dentro de las políticas sociales del Ayuntamiento y que la prioridad es garantizar su continuidad, al tiempo que se busca reducir al máximo la carga económica para las familias.