ADEGA atribuye al modelo laxo de la Xunta la vertido que arrasó el río Landro
La asociación ecologista ADEGA sostiene que la grave vertido de purines que el pasado jueves 5 de junio afectó al río Landro no se explica solo por la rotura de una bolsa de almacenamiento en una granja porcina de Viveiró (Muras), sino también por lo que consideran un modelo de control ambiental permisivo por parte de la Xunta de Galicia.
Según datos proporcionados por la propia organización, la bolsa reventada habría liberado alrededor de un millón de litros de residuos líquidos, que descendieron desde las cabeceras del Landro hasta su desembocadura, generando una gran mancha que se extendió rápidamente por el cauce fluvial. ADEGA alerta de que el vertido provocó una mortandad masiva de truchas, peces y otras especies acuáticas, y originó restricciones en el suministro de agua a la población de Viveiró, además de la prohibición del baño en playas cercanas.
Desde la entidad señalan que, además de las posibles responsabilidades del propietario de la explotación, que deberán esclarecerse en el marco de una investigación, existen también responsabilidades institucionales. En este sentido, acusan a la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de permitir la expansión de este tipo de explotaciones a través de simples declaraciones de incidencia ambiental, un trámite que —según ADEGA— “se reduce a una memoria técnica sin garantías reales ni estudios de riesgo sobre posibles accidentes como el ocurrido”.
A juicio de la asociación, la administración autonómica aprueba este tipo de proyectos sin exigir un análisis de su localización ni la implantación de medidas eficaces de prevención, lo que facilita la aparición de impactos graves sobre el medio ambiente.
Por todo isto, ADEGA reclama una investigación exhaustiva que derive en sanciones proporcionales al daño causado y en la obligación de restaurar el ecosistema afectado. Al mismo tiempo, pide una revisión a fondo de los criterios legales y técnicos empleados en la autorización de explotaciones porcinas, para que se incorporen medidas preventivas más rigurosas.
“No se puede seguir permitiendo que instalaciones potencialmente peligrosas sean autorizadas mediante trámites simplificados, sin valorar su impacto en el medio natural ni en la salud de las comunidades”, concluyen desde ADEGA.